Durante el mes : 22.466 Total a la fecha: 1.112.980
Revista Nº 23
ENTREVISTA
 
 
 
Evaluación de la Reforma
Procesal Penal
Entrevista

Transcurridos doce meses de funcionamiento de la Reforma Procesal Penal en dos Regiones, vale la pena evaluar el nuevo sistema, revisando sus principales ventajas y desventajas. Es por ello que solicitamos a dos destacados profesionales, Manuel Cortés Barrientos y Guido Sepúlveda Sánchez, de la IV y la IX Regiones, respectivamente, que expresaran su opinión al respecto.

El primero es presidente del Colegio de Abogados de la IV Región, Coquimbo; y el segundo lo es del Consejo General de la Araucanía. Don Manuel Cortés se tituló de abogado en 1970 en la Universidad de Chile, ejerciendo en forma independiente y también en diferentes cargos públicos en Ovalle. Fue Defensor Público de esa ciudad desde 1979 a marzo de 2000, y desde el año pasado es abogado integrante de la Corte de Apelaciones de La Serena. También ha actuado como abogado externo de diversos bancos de la Región. Su actividad académica la ha realizado en la Universidad Católica del Norte, en la Universidad Arturo Prat de Ovalle y en la Universidad de La Serena. En el ámbito gremial fue consejero del Colegio de Abogados de la IV Región entre 1986 y 1989, y desde entonces preside la entidad.

Don Guido Sepúlveda Sánchez, en tanto, se tituló de abogado en la Universidad de Concepción en 1964. Desde 1992 es profesor titular de Derecho Penal en la Universidad Autónoma del Sur. Fue abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Temuco entre 1993 y 1998, año en que fue nombrado Defensor Público de Temuco. Es presidente del Consejo General de la Araucanía, Colegio de Abogados de la IX Región desde 1999.

A continuación, sus valiosas opiniones.
Entrevista a don Manuel Cortés Barrientos,
presidente del Colegio de Abogados de la IV Región de Coquimbo:

A un año de la puesta en marcha de la reforma procesal penal, ¿Puede hacer un paralelo entre el sistema antiguo y el nuevo? ¿Cuáles son, en opinión de los abogados litigantes, las mayores ventajas y desventajas que se observan en el nuevo sistema?

- El antiguo sistema estaba desprestigiado a los ojos del público, no hacía justicia a pesar de la gestión de sus magistrados, y la tramitación se hallaba en manos de actuarios sin buena preparación.

El nuevo sistema es una fórmula distinta, que ha sido aceptada por los legisladores y la comunidad jurídica y académica, como un mecanismo adecuado para una justicia rápida y pública. Su mayor ventaja es la rapidez con que los casos que han llegado a juicio oral, han tenido sentencia. A su vez, los procedimientos de juicio abreviado y simplificado han permitido resolver con prontitud un buen número de causas.

Pero tiene desventajas. La mayor está en que la reforma se ha publicitado como solucionadora de conflictos, en circunstancias que ella contempla las disposiciones que archivan provisionalmente y otras que autorizan a los fiscales para no iniciar investigación.

Esas disposiciones, y otras, son percibidas por el público como lesivas al ideal de hacer justicia. Esas disposiciones son razonables y explicables, pero no se condicen con aquello que se ha pregonado: que el nuevo sistema solucionará los conflictos. Esta situación debe servir como advertencia para mejorar la publicidad del sistema, de manera que la gente no se lleve un impacto negativo.

¿ Cómo han funcionado hasta la fecha los distintos actores del sistema, es decir, jueces de garantía, jueces orales, fiscales, defensores públicos y abogados particulares?

- Entre todos los actores involucrados en la reforma, los más criticados han sido los fiscales, porque están bien preparados teóricamente, pero han debido enfrentar la realidad práctica sin contar con experiencia previa. Supongo que no llevará mucho tiempo superar este problema.

Los jueces de garantía han cumplido en buena forma su rol, aunque en algunos casos han asumido una tarea de dirección que el sistema no les otorga. Este fenómeno, las más de las veces, se debe a que muchos de estos jueces provienen del antiguo sistema. Los defensores públicos han sido, desde la perspectiva social, los que han tenido mayor éxito en su labor. La mayoría son abogados que antes ejercían en forma liberal e independiente

La tarea de los abogados particulares ha sido ínfima. Hasta el primer semestre de inaugurado el sistema, el 94% de las defensas habían sido asumidas por la defensoría pública. El rol del abogado particular independiente ha quedado reducido a su mínima expresión. A su vez, ha quedado en evidencia que el simple título profesional no es garantía de un desempeño idóneo, y que para participar en el nuevo sistema se necesita una preparación específica.

Finalmente, ha habido un elemento distorsionador: la exposición pública de los actores del sistema. En sus distintos niveles, algunos han buscado figuración pública, y eso los ha hecho incurrir en errores.

¿ Se ha logrado el objetivo de la reforma en cuanto a evitar que los jueces -de garantía- se involucren en la investigación? En el mismo sentido, ¿Qué diferencias principales nota entre la investigación dirigida por los fiscales y la que dirigían los jueces antiguos?

- No se ha conseguido completamente que los jueces de garantía dejen de participar en la investigación. La que hacen los fiscales tiene la ventaja, respecto del antiguo sistema, de que ya no se investiga absolutamente todo lo que llega, porque operan los mecanismos alternativos de solución y terminación de causas, y eso permite un control directo por parte del ministerio público. Pero, al mismo tiempo, se ha demostrado que el número de fiscales deberá aumentar para que esta ventaja comparativa, la dedicación personal, no se vaya a perder por exceso de trabajo.

Creo, también, que la cantidad de jueces de garantía deberá incrementarse. De otro modo, se verá menoscabada su actividad, pues ya está claro que sufren una recarga de trabajo.¿Qué aportes suponen la publicidad y la oralidad de las actuaciones judiciales -es decir las audiencias-, desde el punto de vista de la percepción ciudadana acerca de la administración de justicia en materia penal?

- La publicidad es importante. En la mentalidad popular, todo lo público resulta sano y honesto, y a lo privado se le suele atribuir un aura de duda o incorrección que, en mi opinión, no corresponde. En todo caso, la publicidad ha sido un paso trascendente para satisfacer la expectativa social. La oralidad, que va acompañada de la rapidez, ha sido también percibida en buena forma, en contraste con el papel cosido con hilo, que formaba nuestros antiguos expedientes, de mucho volumen y a veces poco contenido.

¿ Cuál es el balance, en su calidad de Presidente del Colegio de Abogados de la Cuarta Región, que Ud. puede hacer de la reforma, a un año de su entrada en vigencia?

- El balance se apunta en cifras azules, en lo que dice relación al desempeño de los actores del nuevo proceso penal. Se está dando forma a un sistema nuevo de justicia, en que todos somos estudiantes: buenos, regulares o malos. Los actores van consiguiendo experiencia y eso hará que el rodaje sea cada vez más expedito y con plena garantía de los derechos de los involucrados.

Pero hay un balance en rojo, en lo que toca a la actividad de los abogados de libre ejercicio. Es cierto que fiscales más jueces de garantía, y tribunales orales más defensoría pública, abren un campo ocupacional mayor para los abogados, pero estamos preocupados por la situación que vivirá en el futuro un número importante de colegas, que se verán desplazados de lo que era su ámbito normal de trabajo.

Desde el Ministerio de Justicia se anuncian algunos ajustes legislativos para superar los inconvenientes que presenta el nuevo sistema en la práctica, ¿cuáles son, en su opinión, los aspectos que requerirán modificaciones?
- Una buena medida legislativa sería, complementando mi respuesta anterior, no entregar el monopolio de las defensas a la Defensoría Pública. Las defensas tampoco deben prestarse indiscriminadamente en forma gratuita, porque eso lesiona al libre ejercicio profesional. Hay ajustes legislativos que deben hacerse a la brevedad, y que el Ministerio de Justicia ya ha recogido en diversos proyectos. Los propios intervinientes han sido oídos para dar curso a estas soluciones, que son necesarias.

Entrevista a don Guido Sepúlveda Sánchez, presidente del
Consejo General de la Araucanía, Colegio de Abogados de la IX Región:

¿ Cuál es su percepción sobre la aplicación del nuevo sistema procesal penal?
- Desde luego, hago presente mi más absoluta adhesión al nuevo sistema. Pero veo que la sola vigencia del nuevo Código no basta para lograr la credibilidad pública; también advierto desequilibrios en el desempeño operacional de fiscales y defensores, como asimismo prácticas administrativas reimplantadas desde el sistema antiguo y que según se creía debían tenerse por superadas.

La gente percibe que el accionar de los nuevos organismos intervinientes presenta deficiencias y falencias. Algunos las atribuyen al reconocimiento de los derechos del imputado como superiores a los de la propia víctima, pero debe comprenderse que el nuevo sistema consagra la presunción de inocencia y el carácter garantista del procedimiento, en sustitución de la antigua presunción de culpabilidad y su condición inquisitiva.

Los derechos de la víctima siguen siendo reconocidos, pero ahora bajo la protección directa de los fiscales, en los términos de los arts. 77 y 78 del nuevo Código.

¿ Usted considera que algunos roles no se están cumpliendo en la aplicación práctica del nuevo Código?
- Creo que existe la mejor disposición por parte de los operadores, pero en la práctica no percibo claramente que estemos ante un nuevo proceso, oral, público, desformalizado y adversarial. Más todavía, veo desorientación en las funciones que cada uno debe realizar en el proceso reformado.

Lo cierto es que se están imponiendo formalidades administrativas que complican actuaciones que son simples, al precio de no hacer lo que la nueva normativa procesal exige.

Es cierto que, en lo grueso, se respeta el papel que a cada uno de los intervinientes corresponde, y en torno al cual deben funcionar las fiscalías, los tribunales y las defensorías letradas. Pero hay reservas importantes y algunas manipulaciones aparentemente inocentes que, repetidas en el tiempo, desvían el nuevo sistema hacia un juicio inquisitorio encubierto. Estas desorientaciones, en algunos casos, se deben al desconocimiento o a la inexperiencia, pero, lo que es más grave, en otros casos responden al deseo de conservar ventajas dentro del sistema.

¿ Podría usted precisar esas desorientaciones?
- Se ve que, poco a poco y de parte de quienes han ingresado en el último tiempo al nuevo proceso, se reintroducen prácticas que venían del antiguo Código. Me refiero a que el estilo escrito, secreto, formalizado administrativamente e inquisitivo sigue siendo la idea inspiradora de estos actores.

Hay abogados que dirigen variadas peticiones escritas al Tribunal de Garantía y en otros casos a las propias fiscalías, en presentaciones con formato de "escrito" tradicional y con otrosíes, las cuales son "proveídas" por jueces y fiscales conforme a pautas del sistema antiguo. Esto es una mala práctica, pues debería bastar una comunicación informal, incluso a través del correo electrónico, para pedir audiencias y resolver allí, oralmente, la petición de que se trata o el reconocimiento de un derecho que se estime vulnerado.

A la postre se mantiene el antiguo concepto de "expediente", que ahora se llama "registro" o "carpeta". Claro que en vez de estar cosido a mano, ahora se fija mediante un artilugio metálico llamado "acrocrip". Este reúne una infinidad de papeles, restricciones, declaraciones, actas, peticiones escritas, resoluciones, literatura jurídica, jurisprudencia, autorizaciones de poder y otras actuaciones producidas durante la etapa de investigación. Todo eso, para el juicio oral propiamente tal, carece de valor.
También se constata que hay un conjunto de exigencias administrativas, impuestas desde el nivel superior, que no están previstas en la ley y complican la actuación de los operadores, limitando su autonomía para cumplir su rol particular.
Quizás el ejemplo más vistoso en esta materia es la administración o manejo de soluciones alternativas, cuando defensor y fiscal logran acuerdos que más tarde terminan siendo aprobados por un Comité de Fiscalía. Esta última instancia no sólo no está concebida en el procedimiento, sino que contraviene el espíritu de la reforma al perturbar la libre negociación entre un fiscal y un defensor. Ellos son los que han estado vinculados directamente con la investigación; como el contrapeso se da suficientemente entre uno y otro, con igualdad de armas, no corresponde la aprobación posterior por los fiscales que no han participado en la investigación; ese tiempo debería invertirse en el cumplimiento de otras funciones urgentes de la fiscalía. En este caso, como en otros, las fiscalías parecen repetir cabalmente el esquema administrativo-funcional del Consejo de Defensa del Estado.

Hemos visto que las fiscalías se abocan a tomar declaraciones, como en el sistema antiguo, a decretar citaciones para concurrir a declarar, a requerir a los intervinientes para que formulen sus peticiones por escrito para después proveerlas, etc.; todo ello está conduciendo a restablecer una investigación de escritorio, que es lo que ha llevado a excesos y errores en la apreciación y calificación de los hechos. Recuerdo un caso en que se formalizó y acusó por robo con intimidación, en tanto que se trataba sólo de una amenaza no condicional. Pero el ideal es que la gente, en general, vea que lo pedido por el acusador y lo pretendido por el defensor, sean posturas -si no cercanas-, al menos dentro de un rango aceptable. En el caso que comento, la gente no comprendió cómo un fiscal pidió una pena de 20 años para un robo con intimidación, y en definitiva el tribunal impuso 200 días por amenazas no condicionales. Indudablemente, falta uniformar criterios, mejorar las relaciones con las policías para lograr una mejor coordinación en la investigación y considerarlas como los profesionales que deben ejecutar directamente las tareas de pesquisa en estrecha colaboración y sin perder la iniciativa y concurso policial, como asimismo eliminar esa carga funcionaria injustificada de consultas e informaciones permanentes a los niveles jerárquicos superiores respecto de todas sus causas, lo que se hará con el tiempo insostenible. Debe existir confianza en el desempeño de los fiscales, a quienes se les ha de reconocer como principales operadores (autónomos y libres) en el seguimiento de las causas, sin más limitación que la propia ley y el marco de la política criminal y criterios de actuación en los términos de los arts. 17 y 25 de la Ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

No se permite a la Fiscalía Nacional impartir instrucciones u ordenar realizar u omitir actuaciones en casos particulares. Esa prohibición legal obsta a que las actuaciones de los fiscales en casos particulares puedan ser revisadas, aprobadas, modificadas o rechazadas por otros organismos o departamentos, aunque sean creados por la propia Fiscalía Nacional. Pienso que si el nuevo sistema adversarial, oral, público y transparente es aplicado por todos los operadores en los términos previstos en la ley, ejecutando oportuna y eficazmente su propio rol y absteniéndose de aquello que la ley no exige y de circular fuera de las propias competencias y facultades, ello permitiría a la sociedad aceptar con mayor confianza el desarrollo de la investigación.

¿ Cómo ve usted las relaciones entre fiscales y defensores?
- Los fiscales no debieran considerar al defensor como un estorbo en su trabajo, ni el defensor entender que el fiscal sólo pretende perjudicar a su defendido. Entre ambos debe regir más bien un principio de colaboración mutua, o sea, que cada uno facilite la labor del otro sin que ello implique hacerle el trabajo. Si ambos tienen, como objetivo común, el establecimiento de la verdad de acuerdo a los antecedentes que respectivamente les son proporcionados por víctima e imputado, lo razonable es que en este ámbito puedan llevar a cabo su tarea en la forma que señalé.

En suma, fiscales y defensores deben ser colaboradores en sus quehaceres, aunque no cooperadores. Uno y otro deben ayudarse, para que cada uno cumpla en mejor forma su rol, sin obstruir el desempeño del otro. En esto, vemos en nuestra Región una fiscalía encapsulada en lo propio, sin crear vínculos de colaboración con los otros operadores. Se ha olvidado que el sistema es uno solo y que para su buen funcionamiento se requiere una colaboración recíproca seria, responsable y respetuosa.

¿ Cuál es el defecto más sustancial de la reforma?
- Los defectos se sitúan en distintos sectores de la reforma y son varios, dependiendo del operador. De partida, influye decididamente la falta de persecución fiscal en casos que no son de flagrancia o en delitos de compleja pesquisa, largos e inútiles plazos de investigación. Este es un concepto equívoco de cómo funcionan instituciones nuevas como las convenciones probatorias, que en vez de ahorrar tiempo entran en largas descripciones escritas, lo que a su vez da lugar a un número excesivo de testigos o pruebas y en general a desconfianza hacia los otros operadores.

Los tribunales de garantía han hecho un notable esfuerzo innovador, pero ya se están viendo audiencias en que la dirección del debate y la decisión pasa por borradores tomados durante el acto, que después son transcritos en el acta. Con eso, se privilegia la constancia escrita por sobre el acto oral.

También hay otros rasgos que, en la práctica, pese a estar descritos por la ley con simpleza, terminan convirtiéndose en exigencias no comprendidas en ella. Así pasa, por ejemplo, con la exigencia de pedir por escrito el otorgamiento de copias.
Los defensores y querellantes tampoco están libres de estos desencuentros con la reforma, ya que en general no se han desembarcado de la idea de un juez investigador y de un juzgado con cierta dominancia en lo formal. Esperan que toda solución provenga del tribunal de garantía, sin demostrar iniciativa o innovación en la forma de enfrentar una defensa ni en el fondo del asunto debatido.

Desde el Ministerio de Justicia se anuncia la realización de algunos ajustes legislativos para superar inconvenientes que presenta el nuevo sistema en la práctica. ¿Cuál es su opinión?

- Veo con preocupación que antes de cumplirse un año se introduzcan reformas a la "Reforma del Siglo", como se ha dado en llamarla, a partir de lo que nos muestra la realidad en nuestra Región. Los inconvenientes o desajustes no provienen de la concepción del sistema, sino de la forma en que se están comportando los operadores: la persecución criminal, supuestamente oportuna y eficaz, expedita y transparente, ha dado paso a una acumulación progresiva de casos sin resolver. Hay un desencuentro del espíritu del cambio con la ejecución concreta de las operaciones que se verifican en el proceso nuevo, y han aparecido una serie de espacios en blanco que cada cual soluciona por su propia cuenta, y eso crea confusión y resultados no deseados. El remedio para esto, en orden a lograr una mayor credibilidad de la comunidad hacia la reforma, es revisar los roles por medio de la autocrítica y el intercambio de ideas, apartándonos de los métodos viejos.

Según cifras de la propia Fiscalía Regional, al cumplirse seis meses de funcionamiento del sistema, frente a un ingreso de 23.169 casos se realizaron apenas 8 juicios orales, 14 procedimientos abreviados, 133 acuerdos reparatorios; por otro lado, 3.863 casos se fueron al archivo provisional, 5.275 no se investigaron por el principio de oportunidad y 1.176 tampoco fueron pesquisados por la Fiscalía, en uso de la facultad prevista en el artículo 168 del nuevo Código.

Con este resultado se equivoca el rumbo, pero sería muy inconveniente apuntar las modificaciones sobre el sistema porque eso debilitaría los grandes principios del nuevo proceso, para acomodarlos a los defectos de operación. Lo que corresponde es exigir mayor excelencia y mejor capacidad de gestión en los operadores, y menos trabas y exigencias administrativas innecesarias, que el sistema no concibe y que algunos operadores imponen por su sola cuenta y bajo su propia inspiración, sin ningún texto legal que los respalde.
Revista del Abogado
Números Editados
Publicidad en Revista del Abogado
webpay
Inscripción en linea
Los Martes al Colegio
Revista N° 59
Enero 2014
Ley N° 20.534
Postítulo en Economía y Finanzas para Abogados de la Universidad de Chile
POSTULANTES
Poder Judicial2
Convenio BBVA
 
 
Ahumada 341, Piso 2º Fonos: 2639 6175 - 2633 6720 - 2639 7945 Santiago, Chile www.abogados.cl secretaria@colegioabogados.cl